El Cairo, 4 jul (EFE).- La palabra democracia nunca estuvo entre las más escuchadas en la plaza Tahrir durante la revuelta popular que derribó a Hosni Mubarak en 2011.
Cualquier presente aquellos días en la icónica plaza de El Cairo enumeraría términos como "justicia", "libertad", "pan", o la demanda estrella, "dignidad", antes que la reclamación de un sistema democrático al uso.
Sí, el sentir mayoritario coincidía en que la democracia era el camino más apropiado para alcanzar los objetivos, después de haber experimentado más de 60 años de dictaduras militares, pero las urgencias, tal y como lo interpretaban los egipcios, eran otras.
Poco ha cambiado dos años y medio después.
Egipto se ha enredado en una bizantina discusión sobre si la expulsión forzosa del poder de Mohamed Mursi merece o no ser llamada "golpe de Estado", pero la cuestión parece más un arma arrojadiza que una fiel defensa de los principios de la democracia.
Ni Mursi puede presumir de credenciales democráticas -menos aún tras el decretazo constitucional que emitió en noviembre para situarse unas semanas por encima de la ley y sacar adelante su Constitución-, ni quienes han apoyado ahora su desalojo tendrán arrestos para considerarse paladines de la democracia.
En realidad, el debate léxico sobre la denominación de la maniobra militar gira sobre todo en torno a las consecuencias que esta podría tener.
Aunque se ha mostrado remiso a llamarlo "golpe de Estado", el presidente estadounidense Barack Obama ya ha ordenado revisar la ayuda que su Gobierno otorga a Egipto, unos 1.500 millones de dólares anuales.
Si finalmente le otorgan ese calificativo, Estados Unidos estará obligado por ley a suspender su ayuda, un maná en estos tiempos de penurias económicas.
Por eso, la expresión se ha convertido en tabú entre quienes apoyaron al Ejército -sin duda, una mayoría de egipcios-, sin que hasta el momento haya habido una reflexión profunda acerca de los límites de la democracia en un contexto tan volátil como el de Egipto.
En la región está muy extendido el tópico de que "la democracia no es para los árabes", que goza de muchos adeptos.
La fracasada experiencia de Mursi al frente del país ha reforzado a quienes sostienen esa tesis, y en las masivas protestas de esta semana no eran pocos quienes se atrevían a pedir abiertamente la vuelta de los militares al poder.
Sin embargo, la primera impresión es que el Ejército prefiere no comandar el país desde la primera línea y está interesado en que se celebren elecciones cuanto antes para elegir a un presidente civil.
El poder omnímodo de las Fuerzas Armadas, por encima de la elección democrática de la sociedad solo un año antes, ha vuelto a quedar en evidencia en las últimas horas, así como su prestigio como la única institución en el país al margen del partidismo y la fragmentación.
Con el golpe, los militares subrayan su autonomía y lo que entienden como su pacto sagrado con el pueblo, un compromiso que no entiende de mediadores ni de interlocutores, por mucho que estos hayan sido elegidos democráticamente.
"El Ejército egipcio no es, ni nunca lo ha sido, una institución ideológica", escribe el analista H.A. Hellyer en la publicación "Foreign Policy".
"Su única preocupación ha sido mantener su independencia frente al resto del Estado, y asegurar la estabilidad de Egipto, sin la cual se vería forzado a implicarse en el lío de gobernar a decenas de millones de personas", agrega.
Frente a la creencia extendida de que los militares en el fondo se oponen a los islamistas, Hellyer defiende que los generales eran los primeros interesados en que Mursi devolviese la estabilidad al país.
La experiencia de la Junta Militar -que pilotó Egipto desde la caída de Mubarak, en febrero de 2011, hasta la elección de Mursi- escaldó a los generales, que podrían optar en esta ocasión por una "democracia tutelada".
Lo cierto es que la democracia ha caminado con pies de barro en Egipto desde que fue estrenada en junio del año pasado, con las primeras elecciones presidenciales limpias en la historia del país.
El islamista Mursi y sus seguidores invocan la "legitimidad" contra el golpe del Ejército, a lo que sus detractores replican que su resistencia numantina a adelantar las elecciones cuando millones de personas se lo pedían no permite ser muy halagüeño sobre su compromiso real con la voluntad del pueblo.
Solo el tiempo dirá si las revueltas de la primavera árabe trajeron una ola democratizadora a la región o si, por el contrario, únicamente hicieron aflorar los odios soterrados bajo las dictaduras republicanas.
En cualquier caso, parece seguro que los paradigmas que utilizan las democracias occidentales para juzgar la evolución política en el mundo árabe deberán seguir sometidos a una constante revisión.
