La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista, María del Mar Julios, pide a Berriel que apremie al Gobierno municipal del PP para que Las Palmas "resuelva su planificación urbanística".
La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario, María del Mar Julios, solicitó al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, que apremie al grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que "resuelva la planificación urbanística de la ciudad esta legislatura".
Julios hizo esta petición en la Comisión de Obras Públicas y Transporte del Parlamento de Canarias celebrada hoy, miércoles, y en la que lamentó que "el PP en la capital haya optado por la confrontación entre administraciones y contra los propios vecinos y esté dejando en la cuneta un expediente vital para el desarrollo socioeconómico de la ciudad".
La diputada nacionalista recordó que el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, vigente se aprobó en diciembre del año 2000 y "dejando a un lado los graves perjuicios económicos que ha supuesto a las arcas municipales, más de 77,5 millones de euros en sentencias, es un documento que precisa ser adaptado a la normativa vigente -TR Lotenc y Ley de Directrices- y a la nueva realidad de la ciudad".
María del Mar Julios trasladó además su preocupación por los numerosos informes desfavorables que acumula el expediente presentado por el Ayuntamiento capitalino "del propio Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, de Demarcación de Costas, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de hasta tres ministerios del Gobierno central" y, que entre otros motivos, derivó en la suspensión el pasado mes de noviembre de la aprobación definitiva del PGOU de Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, agregó "es importante aclarar que a día de hoy el Gobierno municipal del PP, liderado por Juan José Cardona, no ha hecho los deberes y lo único que sabemos es que han pasado más de 3 meses desde la suspensión y que la corporación cerró la oficina técnica encargada de esta tarea".
Asimismo, la portavoz adjunta enumeró algunos de los problemas derivados de la aprobación definitiva del Plan General que repercute en primer lugar en un perjuicio a las inversiones y al desarrollo de la actividad económica de Las Palmas de Gran Canaria, así como, otros asuntos que están pendientes de resolver "como el relacionado con Ciudad Alta y las torres del Canódromo -también pendiente de resolución judicial-; los problemas de Casa Ayala; la entrada y salida de San Cristóbal hacia los nuevos Juzgados; las zonas verdes de Tamaraceite y San Lorenzo; el cinturón verde que los vecinos y vecinas reclaman para la Ciudad; la situación de Salto del Negro, Guanarteme o El Rincón, entre muchos otros", apostilló.
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